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Determinación de la competencia agraria

Tribunal Supremo de Justicia. Sentencia de la Sala Constitucional Nº 681 del 14.08.2017, caso: PEDRO RAFAEL CORTEZ PINTO. “En virtud de los criterios jurisprudenciales parcialmente transcritos, resulta claro que según el régimen jurídico estatutario vigente en materia agraria, la calificación de la causa correspondiente a la competencia agraria, se determina por la identificación previa de la acción que a los efectos se intente, ejercida con ocasión de la actividad agropecuaria que se realiza; para ello, debe tratarse de un inmueble susceptible de explotación agropecuaria, en el cual se realicen, efectivamente, actividades de esta naturaleza. (…Omissis…) Como puede observarse, en la práctica de dicha inspección la juzgadora del Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar,  pudo verificar que la estructura y mobiliario que se encuentran en el inmueble objeto del juicio primigenio, forman parte de un c

El carácter pluriofensivo de los delitos económicos. Bienes jurídicos tutelados. Caso de los delitos bancarios.

TSJ. Sentencia de la Sala de Casación Penal N.º 468 del 21 de julio de 2005, caso: RAFAEL MARTÍN GUÉDEZ y otros. Esta inmensa gravedad de los delitos económicos, en general, y de los delitos bancarios en particular, que en Venezuela tiene como hecho emblemático el inaudito fraude bancario del año 1994 (…). La noción del Derecho penal económico corresponde al concepto de los delitos contra la Economía. El delito económico no sólo se dirige contra intereses individuales sino también contra intereses sociales y supraindividuales (colectivos) de la vida económica, es decir, se lesionan bienes jurídicos colectivos o sociales o supraindividuales de la Economía. El principal bien protegido no es, por tanto, el interés individual de los ahorristas sino el orden económico estatal en su conjunto y la Economía. Esta delincuencia se ve favorecida por la modalidad internacional de cometerla en varios países a la vez. Esto lo favorece la elevada posibilidad económica del delincuente de cuello

La pretensión de simulación ejercida entre las partes es imprescriptible y no caduca

TSJ. Sentencia de la Sala de Casación Civil RC.000191 del 29 de abril de 2013, caso: DAYCO HOLDING CORP, contra C.A. DAYCO DE CONSTRUCCIONES, y otro. “ La pretensión de simulación está prevista en el artículo 1.281 del Código Civil y su consecuencia jurídica es la declaratoria de nulidad del acto simulado, lo cual resulta aplicable a cualquier tipo de acto o negocio jurídico, independientemente de su naturaleza, civil o mercantil, de modo que por el sólo hecho de que en presente caso la pretensión de simulación deducida tenga por objeto la declaratoria de nulidad de la venta de unas acciones de una sociedad mercantil, no autorizaba al sentenciador de alzada para asimilar la misma a una pretensión de nulidad de asamblea, ni mucho menos aplicarle el lapso de caducidad de un (1) año previsto en el artículo 53 de la Ley de Registro Público y del Notariado para el ejercicio de esta última, ya que, tratándose de una pretensión de simulación ejercida entre las partes la misma es  imprescrip

La decisión que pone fin a una incidencia de fraude procesal no es recurrible en casación de inmediato sino de forma diferida

TSJ. Sala de Casación Civil. Sentencia RC.000185 del 4 de noviembre de 2020, caso: LISMARA MARALIS MARVAL ZAMBRANO, contra JUAN ARMANDO MARCOZZI PINEDA y otra. “Conforme al criterio jurisprudencial transcrito, las decisiones proferidas por el juzgado de alzada con ocasión de incidencias de fraude procesal, son consideradas interlocutorias que si bien ponen fin a la incidencia, no provocan el mismo efecto en cuanto al asunto principal, en consecuencia, el juicio continúa su curso normal, por tanto, no tienen acceso a casación de inmediato sino de forma diferida, ya que el gravamen puede o no ser corregido con el fallo de fondo, en tanto que las mismas son revisables en casación al momento de la interposición del recurso extraordinario en contra de esta última”.

El tribunal competente para conocer de un amparo contra la actuación de un tribunal comisionado es el juzgado superior del tribunal comitente

TSJ. Sentencia de la Sala Constitucional Nº 156 del 29 de octubre de 2020, caso: YENELÍN SOFÍA MARÍN OCHOA. “(…) los tribunales que conocieron en primera y segunda instancia constitucional por virtud de la acción de amparo ejercida el 21 de agosto de 2020, por las ciudadanas Carmen Vergara Campagna y Zoraida Cabello Martínez, lo hicieron fuera de los límites de su competencia, en razón de que las actuaciones desplegadas por el tribunal comisionado el 18 de agosto de 2020, lo fueron en cumplimiento de la orden que le fuera impartida por el tribunal comitente Juzgado Noveno de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en el marco de la acción de amparo constitucional interpuesta por Yenelín Sofía Marín contra el ciudadano Pier Henry Campagna, por tanto la responsabilidad de la ejecución sólo puede ser atribuida al tribunal comitente y cualquier reclamo contra una decisión del comisionado debe ser ejer

Criterio vinculante de la Sala Constitucional que suspende la ejecución de los desalojos de vivienda y de aquellos inmuebles destinados a uso comercial

TSJ. Sentencia de la Sala Constitucional Nº 156 del 29 de octubre de 2020, caso: YENELÍN SOFÍA MARÍN OCHOA. “ Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que suspende las ejecuciones de desalojos de inmuebles destinados a vivienda así como de aquellos destinados a uso comercial, mientras persistan las circunstancias que dieron origen al Estado de Alarma por covid-19 establecido, primigeniamente, mediante Decreto Presidencial No. 4.160, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 6.519 Extraordinario del 13 de marzo de 2020, y los subsiguientes con sus respectivas prórrogas, así como las que dieron lugar al Decreto N° 4.279, publicado en Gaceta Oficial 41.956 del 2 de septiembre 2020, y sus posibles prórrogas, cuando no se hubiere cumplido el procedimiento administrativo previo establecido para cada caso, de acuerdo a las previsiones establecidas en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley para la Regularización y Control de

La declaratoria de inadmisibilidad de la demanda de queja es recurrible en casación

TSJ. Sentencia de la Sala de Casación Social Nº 42 del 26 de julio de 2001, caso: AMABLE URBINA RAMÍREZ contra VICTORIANO RODRÍGUEZ MÉNDEZ. “La demanda para hacer efectiva la responsabilidad de los jueces, o juicio de queja, es un procedimiento de una sola instancia y cuya decisión está en manos de un tribunal de superior jerarquía al juez demandado y es susceptible de ser impugnada en casación, en conformidad con lo establecido en el último aparte del artículo 849 del  Código de Procedimiento Civil, siempre que en el trámite no hayan intervenido Magistrados del  Tribunal Supremo de Justicia . (…Omissis…) Con fundamento en los principios de rango constitucional y de carácter legal, la Sala se ve en la necesidad de revisar la jurisprudencia sobre la materia y considerar que la decisión en la cual se declara la inadmisibilidad de una demanda por responsabilidad civil de un juez,  equivale a una negativa de admisión de la demanda , la cual, en el procedimiento ordinario, en conformi